ESTUDIO DE CASO 
             


                     EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

                                                        

La agudización del conflicto armado en nuestro país, que obliga a más de un analista a pensar que estamos en guerra, puede resultar un contexto ideal para reclamarle a la Rama Judicial su falta de solidaridad con las fuerzas del Estado que combaten a la subversión. Pareciera que una rama del poder público se desentendiera de la suerte del Estado. Por lo menos en esos términos perciben algunos la conducta de la Corte Constitucional cuando declara inasequibles leyes que amplían las atribuciones de las fuerzas militares, o la labor de la Fiscal de Derechos Humanos cuando toma medidas que afectan a la jerarquía castrense y, en general, cuando puede interpretarse que las decisiones judiciales benefician, en cualquier sentido, a la subversión o aminoran la labor represiva del Estado